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A continuación incluyo una sentencia del Tribunal Supremo sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo.

En la Villa de Madrid, a veintidós de Marzo de dos mil diez.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado de la Junta de Andalucía, en nombre y representación de la JUNTA DE ANDALUCÍA, contra la sentencia de 18 de febrero de 2.009 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada en el recurso de suplicación núm. 2576/2008, interpuesto frente a la sentencia de 10 de abril de 2.008 dictada en autos 81/2008 por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Almería seguidos a instancia de Dª Azucena contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Obispado de Almería sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida, Dª Azucena representada por el Letrado D. Manuel Romero de la Cuadra.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Gullon Rodriguez,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 10 de abril de 2.008, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Almería, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: “Que desestimando la excepción de acumulación indebida de acciones, formulada por la Consejería demandada y estimando la demanda formulada el Letrado D. Alejandro Hernández Leal, en nombre y representación de Dª Azucena , frente a la CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, debo declarar y declaro injustificada la modificación de la condición de trabajo y debo condenar y condeno a la empresa demandada a reponer a la actora en la jornada, que tenía reconocida con anterioridad a la adopción de la medida y debo absolver y absuelvo al OBISPADO DE ALMERÍA, al estimarse la falta de legitimación pasiva”.

En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: ” 1º.- La actora Dª Azucena , mayor de edad, cuyas demás circunstancias obran en autos, viene prestando sus servicios para la Consejería Educación de la Junta de Andalucía, con la categoría profesional de profesora de Religión Católica de Enseñanza Secundaria, prestando sus servicios durante el curso escolar 2.006/2.007 en los IES. “La Mojonera” de El Ejido, Almería.- 2º.- La actora viene siendo contratado anualmente por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para prestar sus servicios en un centro público de enseñanza secundaria, suscribiendo un contrato de trabajo de duración determinada al amparo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica 1/1999 de 3 de Octubre del Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE ) con vigencia 1 de Septiembre hasta el día 31 de Agosto de cada curso escolar y concretamente, durante el curso 2006-2007, prestó servicios como Profesora de Religión Católica en el IES. “La Mojonera”, con una jornada laboral a tiempo completo, es decir 35 horas semanales de las que 18 horas eran lectivas.- 3º.- El día 2 de Octubre del año 2007, la demandante, como Profesora de Religión Católica de Secundaria firmó un contrato indefinido al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación en relación con el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio , que regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la mencionada Disposición Adicional, que literalmente dice: “los profesores de religión no pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes que a la entrada en vigor del presente Real Decreto estuviesen contratados pasarán automáticamente a tener una relación laboral por tiempo indefinido en los términos previstos en este Real Decreto”.- Dicho Real Decreto entró en vigor el día 10 de junio de 2007 disponiendo en su Art. 4º el carácter indefinido de la relación de trabajo de los profesores de religión.- 4º.- Pese a tener la condición de Profesora de Religión con carácter indefinido, por haberla así adquirido a la entrada en vigor del citado real Decreto, como se declara probado con fecha 2 de Octubre del año 2007 , un contrato de trabajo reconociendo el carácter de indefinida de su relación de trabajo reduciéndole la jornada de trabajo en 29 horas de las que 15 eran lectivas.- La actora no conforme con tal reducción de su jornada de trabajo, con fecha 2 de Octubre de 2.007 presentó escrito dirigido al Iltmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería demandada, mostrando su disconformidad con la reducción de jornada que se había impuesto unilateralmente pro la Consejería de Educación, entendiendo que dicha reducción implicaba una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.- 5º.- El actora con fecha 16 de Octubre de 2.007, formuló la preceptiva reclamación previa, que ha de entenderse desestimada por silencio administrativo, al no haber recaído resolución expresa en el plazo legal establecido en el Art. 69 de la Ley de Procedimiento laboral”.

SEGUNDO.- Posteriormente, con fecha 18 de febrero de 2.009, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: “Que desestimando los recursos de suplicación formulados por Dª Azucena y la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA contra la Sentencia dictada el día 10 de Abril de 2.008 por el Juzgado de lo Social núm. Uno de los de Almería , en Autos seguidos en reclamación sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al no ser susceptible de aquél recurso dicha resolución por razón de la materia y declaramos firme la Sentencia recurrida”.

TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de la Junta de Andalucía el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, el día 25 de junio de 2.009, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 25 de junio de 2.003 , así como la infracción del artículo 138 de la LPL, en relación el 41 del ET y con la doctrina del Tribunal Supremo.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 4 de noviembre de 2.009 , se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de diez días.

QUINTO.- Evacuado el trámite de impugnación, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en el sentido de considerar procedente la estimación del recurso con la consiguiente nulidad de la sentencia recurrida, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 16 de marzo de 2.010, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina, de naturaleza meramente procesal, se refiere a determinar si cabe recurso de suplicación contra la sentencia de instancia en la que se resuelve sobre la impugnación en vía judicial de las modificaciones de las condiciones de trabajo, adoptadas por el empleador al margen del procedimiento establecido en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

En este caso se trata de una profesora de Religión Católica de Enseñanza Secundaria que presta sus servicios en el Instituto “La Mojonera” de El Ejido, Almería. Su régimen de contratación era de duración determinada, al amparo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica 1/1999 de 3 de Octubre del Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE ) con vigencia 1 de Septiembre hasta el día 31 de Agosto de cada curso escolar, y su jornada laboral a tiempo completo, es decir 35 horas semanales de las que 18 horas eran lectivas.

El día 2 de Octubre del año 2007 la actora y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía firmaron un contrato de trabajo en el que se reconocía el carácter de indefinido de la relación laboral, al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación en relación con el Real Decreto 696/2007 , pero modificándose la jornada de trabajo, de forma que se reducía a 29 horas de las que 15 eran lectivas, sin que en ningún caso se utilizase por la referida Administración el cauce previsto en el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores .

No conforme con esa modificación de la jornada, planteó demanda pidiendo que se dejase sin efecto la misma, modificación que se calificaba de sustancial, dictándose sentencia por el Juzgado de lo Social número 1 de los de Almería en fecha 10 de abril de 2.008, en la que se rechazaba la excepción de inadecuación de procedimiento, estimando adecuado el previsto en el artículo 138 de la Ley de Procedimiento Laboral , se estimaba la demanda, por entender que se trataba de una modificación sustancial de la jornada de trabajo indebidamente adoptada, condenándose a la Administración demandada a reponer a la actora en su jornada anterior y absolviendo al Obispado de Almería de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- Recurrida esa sentencia en suplicación por ambas partes, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en la sentencia que ahora se recurre en casación para la unificación de doctrina, consideró aplicable al caso el art. 138.4 de la Ley de Procedimiento Laboral , según el cual la sentencia de instancia que resuelva litigios sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo “no tendrá recurso”, resolviendo, en consecuencia, la desestimación de los recursos, por no caber recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia, cuya firmeza se declaraba.

Recurre ahora esa sentencia en casación para la unificación de doctrina la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, denunciando la infracción del artículo 138 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el 41 del Estatuto de los Trabajadores, y proponiendo como sentencia de contraste la dictada por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2.003 (rcud. 4699/2002), dictada en unificación de doctrina en un supuesto litigioso sustancialmente igual al ahora enjuiciado, de reclamación de un trabajador frente a la decisión empresarial de modificación de condiciones de trabajo no canalizada por la vía del art. 41 ET . La Sala de casación resolvió que, en tales circunstancias, cabe recurso contra la sentencia de instancia, sin que resulte relevante a efectos de apreciar la identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del recurso, el que la condición de trabajo modificada sea distinta en la sentencia de contraste (cambio de puesto de trabajo con disminución del salario) respecto de la sentencia recurrida (reducción de jornada con reducción de la retribución), ya que tanto la jornada como la función laboral, que figuran expresamente en la enumeración no cerrada del art. 41.1 ET , merecen en derecho el mismo tratamiento a propósito de la cuestión procesal debatida.

Por otra parte, el requisito de la contradicción en supuestos como el presente, en el que la cuestión debatida afecta únicamente a la competencia funcional, materia de orden público procesal analizable incluso de oficio previa audiencia a las partes -como así se hizo mediante providencia de 4 de noviembre de 2.009 -. Por consiguiente, el examen de la admisibilidad puede hacerse “con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar y sin que la Sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación, porque tal cuestión no afecta sólo a ese recurso, sino que se proyecta sobre la competencia de esta Sala” (SSTS de 6 de octubre de 2005 -rec.834/2003- y 26 de septiembre de 2006 -rec. 4642/2005-). Como recordábamos en la sentencia de 8 de julio de 2009 (rcud. 791/2008 ), “puesto que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, la recurribilidad en casación se halla condicionada por la recurribilidad en suplicación, de forma que el control de la competencia funcional de la Sala supone el control sobre la procedencia de la suplicación” (SSTS de 30 de enero de 2007 -rec. 4980/05- y 23 de octubre de 2008 -rec. 3671/2007-).

TERCERO.- El mismo problema procesal que aquí ha de resolverse, y en un asunto prácticamente idéntico al presente en el que se vio afectado un profesor de Religión dependiente de la misma Administración autonómica, (tal y como expone la parte recurrida en su escrito de impugnación del recurso) ha sido resuelto en nuestra sentencia de 10 de noviembre de 2.009 (rcud. 3528/2008 ), en la que se recuerda la doctrina tradicional de la Sala en esta materia, contenida no solo en la sentencia de contraste, sino en otras anteriores, (como las STS 10-4-2000, rec. 2646/1999; STS 18-9-2000 , rec. 4566/1999) y otras posteriores (entre ellas, STS 15-3-2005, rec. 990/2004; STS 18-12-2007, rec. 148/2006; y STS 27-1-2009, rec. 108/2007 ), que contienen una doctrina opuesta a la seguida en la sentencia recurrida y que aquí hemos de seguir por elementales razones de seguridad jurídica, razón por la que, tal y como propone el Ministerio Fiscal en su informe, el recurso deber ser estimado.

En la referida STS de 10 de noviembre de 2.009 se dice que “el procedimiento jurisdiccional especial regulado en el art. 138 LPL tiene como presupuesto la existencia de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo acordadas y formalizadas por el empresario por la vía del art. 41 ET . Cuando las modificaciones obedecen a un pacto, o cuando no se han cumplido por el empleador las exigencias formales del citado precepto estatutario no corresponde la vía procesal del art. 138 LPL , sino el cauce del procedimiento ordinario, o en su caso el del procedimiento de conflicto colectivo. Otra solución, razona esta consolidada línea jurisprudencial, asignaría a una posible conducta irregular del empleador ventajas procesales injustificadas, como el breve plazo de caducidad previsto en el art. 138.1 LPL “.

Aplicando esa misma doctrina al caso de autos, tal y como antes se dijo, el recurso ha de ser estimado, lo que supone que la sentencia recurrida se case y anule, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a dictarse sentencia para que la Sala de suplicación, con total libertad de criterio, se pronuncie sobre los distintos motivos del recurso planteado en su día por la Administración recurrente, tal y como ha propuesto el Ministerio Fiscal.

Por otra parte, ya dijimos en nuestra sentencia de 11 de noviembre de 2009 (recurso 1305/2009 ), en la que se resolvió un caso prácticamente igual, la sentencia recurrida refuerza obiter dicta la irrecurribilidad de la sentencia de instancia afirmando que no se aprecia en el supuesto de autos una afectación general que pudiese justificar el recurso, a lo que ha de darse respuesta con el contenido de la doctrina de esta Sala de lo Social establecida en sentencias como la de 24 de abril de 2007 (rcud. 265/2006 ), entre otras muchas, con arreglo a la que “la imposibilidad de recurso no se ve afectada por la excepción establecida en el art. 189 b) de la Leyprocesal, referida a los supuestos de falta de cuantía de la pretensión deducida, cuando afecte a todos o gran número de trabajadores o beneficiarios de la seguridad Social. Excepción no aplicable a los procesos por modificación sustancial de las condiciones del contrato, al no disponerlo así el mandato legal. Este tipo de procesos no se menciona en el art. 189 que establece el listado de las resoluciones que son y las que no son susceptibles de recurso, y por tanto no está afecto por los mandatos contenidos en dicho precepto”.

En consecuencia, en este caso la posibilidad de acceso al recurso obedece única y exclusivamente a la adecuación del procedimiento ordinario, el cual sí podría quedar delimitado por la regla de la cuantía y, por tanto, excepcionado en su caso por la afectación general. Ahora bien, no hay en el presente supuesto una pretensión cuantificable que permita excluir el recurso y por ello se hace inútil cualquier razonamiento sobre la afectación general.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación para unificación de doctrina formulado por la JUNTA DE ANDALUCÍA contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, sede de Granada, de 18 de febrero de 2009 (rollo 407/2009), casamos y anulamos la misma para que la referida Sala entre a conocer de los distintos motivos del recurso de suplicación en su día interpuesto por la Administración recurrente, lo que determina la reposición de las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia, partiendo de la recurribilidad de la sentencia de instancia del Juzgado de lo Social número uno de los de Almería de fecha 10 de abril de 2.008, autos 81/2008, promovidos por demanda de Dña. Azucena frente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Obispado de Almería. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jesus Gullon Rodriguez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

-Paula Heras Segovia

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Comentario jurídico de los siguientes supuestos:

1- El sindicato de estudiantes ha convocado una huelga para el próximo 28 de junio porque las tasas de educación han subido en exceso y se prevé que sigan incrementándose.

Se trata de una huelga del sindicato de estudiantes, por lo que se debe poner de relieve que en referencia al derecho de huelga el art. 28.2 CE se establece que es un cese temporal, colectivo y concertado de la prestación de trabajo por parte de los trabajadores como medida de presión en defensa de sus intereses.

Por tanto, como en el presente supuesto, los sujetos no son trabajadores, sino estudiantes, que podrán asociarse, pero en ningún caso formar un sindicato; por otra parte, tampoco podrán llevar a cabo ninguna huelga, ya que ésta es reconocida a los trabajadores y asociaciones de trabajadores para la defensa de intereses laborales.

2-Ese mismo día, los transportistas autónomos han convocado otra huelga y han declarado en los medios de comunicación que van a paralizar la ciudad en protesta por la subida imparable del diesel.

En dicho supuesto, nos encontramos ante trabajadores autónomos, que por tanto no dependen de ningún empresario. Esto supone que los transportistas se pueden manifestar por sus intereses, pero no tienen derecho a huelga.

3- Se anuncia igualmente una huelga de funcionarios por los recortes salariales.

Los funcionarios, son trabajadores que sí tienen reconocido el derecho de huela, reconocido en el art. 2.2.d LOLS, por lo que están legitimados para ello.

La Seguridad Social convocará en los próximo días más de 50 becas para jóvenes titulados universitarios en situación de desempleo o de solicitud de mejora de empleo, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva con una duración de un año, según una Orden Ministerial para la concesión de becas de formación en las entidades gestoras de la Seguridad Social, que prepara el Ministerio de Trabajo e Inmigración y que se publicará en el BOE próximamente.

Las becas tienen la finalidad de contribuir a la promoción y desarrollo de estudios e investigaciones en el campo de la Seguridad Social, así como a la formación de profesionales en la gestión económica y jurídica en relación con la Seguridad Social.

Los becarios desarrollarán su actividad en las entidades gestoras, Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina; en la Tesorería General de la Seguridad Social; Gerencia Informática y resto de los servicios comunes de la Seguridad Social durante doce meses prorrogables por otros doce, siempre que obtengan el informe favorable de la unidad donde hayan recibido la formación y haya disponibilidades presupuestarias.

La Orden que regula estas becas se adapta a la normativa sobre subvenciones contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al Reglamento de la referida Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Se adapta igualmente a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los requisitos exigidos, características, criterios de valoración y el resto de las bases de la convocatoria se recogerán en el texto de la Orden Ministerial, que además especificará el número definitivo de becas y los centros en los que se realizará la formación.

Sandra Jiménez López

Recursos Humanos Digital. La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España para que aplique la norma comunitaria cuyo objetivo es reforzar el capital de los bancos y mejorar la política de remuneración de los directivos bancarios.

El plazo para incorporar esta directiva a la legislación nacional expiraba el 1 de enero de 2011, pero España no ha aplicado todavía ninguna de sus disposiciones.

El ultimátum de Bruselas adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no corrigen la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Luxemburgo.

La directiva en cuestión tiene por objeto garantizar la solvencia financiera de los bancos y sociedades de inversión, así como “atajar la excesiva e imprudente asunción de riesgos en el sector bancario favorecida por unas remuneraciones mal concebidas que han provocado la quiebra de distintas entidades y traído problemas a la sociedad en su conjunto”, según ha destacado la Comisión.

“La actual crisis financiera prueba hasta qué punto es importante abordar esos dos aspectos para los ciudadanos, las empresas y la sociedad en su conjunto. Si unas normas comunes no se observan en el mismo grado en toda la UE, esto podría dar lugar a lagunas que podrían ser explotadas”, ha criticado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Además de a España, el ultimátum afecta también a Eslovenia, Grecia, Italia, Polonia y Portugal. La Comisión también a Bélgica, Eslovaquia, Luxemburgo y Suecia a que den cumplimiento a las partes de la directiva que todavía no han aplicado.

En materia de incentivos salariales perversos, la directiva exige a los bancos y sociedades de inversión que apliquen políticas de remuneración solventes que no estimulen o premien las asunciones de riesgos excesivas. Los supervisores bancarios tienen la facultad de sancionar a los bancos cuyas políticas de remuneración no se ajusten a los nuevos requisitos. Sin embargo, la directiva no introduce límites salariales o en las primas.

La norma impone además unos requisitos de capital más altos para las retitulizaciones para asegurarse de que los bancos tienen en cuenta correctamente los riesgos de invertir en esos complejos productos financieros y endurece los requisitos de divulgación.

La directiva modifica la manera en que el banco evalúa los riesgos asociados a sus carteras de negociación para velar por que reflejen plenamente las posibles pérdidas derivadas de las fluctuaciones adversas del mercado en las condiciones de tensión del tipo que se ha vivido recientemente.

Sandra Jiménez López

El economista del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Steven Tobin, considera que España debe reorientar sus políticas de empleo hacia la formación de los trabajadores, en lugar de dar subvenciones a empresas para la contratación.

 Tobin ha participado hoy en el seminario “Flexiseguridad en el mercado de trabajo en la Unión Europea” que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Valencia.

Con una tasa de paro en España del 21%, una parte de esos desempleados busca formación pero a esta materia se dedican “muy pocos recursos”, y los que se invierten están dirigidos a colectivos como los jóvenes o los discapacitados, algo que no es suficiente, según el experto.

Por ello, ha propuesto un cambio en las políticas públicas dirigido a laformación en habilidades y competencias “a la medida” de las demandas, para que estos trabajadores tengan una salida laboral cualificada.

En el diseño de la oferta de formación debe estar implicado el sector privado porque las iniciativas de formación en España son del sector público, y con “gran coste”, pero “para competencias que no necesitan” las empresas, ha explicado.

La formación, por tanto, se orientaría al sector servicios en el largo plazo, pero en el corto serían una opción las áreas tecnológicas (ingenierías o químicas) ya que, según Tobin, la educación tiene que ser más amplia y englobar “lo técnico”.

Tobin ha puesto de manifiesto la baja calidad de la inversión, centrada en el sector de la construcción y el inmobiliario, y la creación de empleo en trabajos de baja productividad en los años precedentes a la crisis económica.

Ahora, con una demanda interna “negativa”, las exportaciones son el motor del crecimiento del país. En su opinión, si parte del crecimiento de las ventas al exterior se produce en sectores de mayor valor añadido, “hay esperanzas” para un aumento de la competitividad española.

El Instituto Internacional de Estudios Sociales de la OIT prepara un estudio sobre el crecimiento con equidad en España, que prevé finalizar en junio y que recogerá un análisis del papel de la educación, las exportaciones, el mercado laboral y las normativas de protección al empleo.

Sandra Jiménez López

1- Sindicatos más representativos a nivel estatal:

El Art. 6.3 LOLS señala que los sindicatos más representativos se les otorga una capacidad representativa para:

  • Obtener representatividad institucional, tienen derecho a la participación institucional en órganos administrativos donde esté prevista la intervención del sindicato, tanto a nivel estatal como de CCAA.
  • Participar como interlocutor en la Administración para negociar determinadas condiciones de trabajo.
  • Participar en sistemas no judiciales para solventar conflictos, como huelgas…
  • Promover elecciones a delegados de personal, comité de empresa y órganos equivalentes en la administración.
  • Cualquier otra función representativa que se le establezca.
  • Negociar convenios colectivos que afecte a todos los trabajadores con independencia de que estén o no afiliados.

Así mismo, se establece que las organizaciones que tengan la consideración de sindicato mas representativo según el número anterior, gozarán de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para:

  • Ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista.
  • La negociación colectiva, en los términos previstos en el ET .
  • Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las AAPP a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación.
    • Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo.
    • Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones Públicas.
    • Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente.
    • Cualquier otra función representativa que se establezca.

2- El sindicato más representativo a nivel autonómico: (Art.7.1 de la LOLS)

Criterio de la audiencia electoral: los sindicatos de las CCAA que acrediten en dicho ámbito autonómico una especial audiencia y en concreto la obtención de al menos el 15 % de los Delegados de Personal y de los representantes de los trabajadores en los Comités de Empresa y en los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.

Criterio de la irradiación de la representatividad: los entes afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito de CCAA que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con el criterio de la audiencia.

Derechos y prerrogativas: Capacidad representativa para ejercer en el ámbito específico de la CCAA las funciones y facultades de que gozan los sindicatos más representativos a nivel estatal (previstas en el Art. 6.3 de la LOLS); capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal (Art. 7.1 de la LOLS).

El Art. 7.1. LOLS establece que tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de CCAA:

    • Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 % de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.
    • Los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de mas representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a).

3- Sindicatos representativos en un ámbito territorial y funcional específico.

 Sindicato suficientemente representativo (Art.7.2 de la LOLS)

Organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas, hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, el 10 % o más de los Delegados de Personal y miembros de Comité de Empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, estarán legitimadas para ejercer, en dicho ámbito funcional y territorial toda una serie de funciones y facultades, y en concreto las siguientes:

  • Negociación colectiva en los términos previstos en el ET
  • Determinación de las condiciones de trabajo en las AAPP a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación;
  • Participación en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo;
  • Promoción de elecciones para Delegados de Personal y Comités de Empresa y órganos correspondientes de las AAPP,
  • y cualquier otra función representativa que se establezca.
Sandra Jiménez López

Un total de 361.800 personas trabajaron a tiempo parcial el año pasado para poder cuidar a personas dependientes, la práctica totalidad eran mujeres y el 59,7% piensa que no hay servicios adecuados para la atención a quienes no pueden valerse por sí mismos o no pueden costear estos recursos.

Así se desprende de la ‘Encuesta de Población Activa. Variables de Submuestra. Año 2010’, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que apunta un descenso 3,3% en el número de personas empleadas a tiempo parcial en 2010 respecto del año anterior.

Formación
La encuesta del INE también refleja que el 30% de la población mayor de 16 años y con un nivel de estudios, se concentra en el grupo de los que han recibido programas de formación básica, mientras que el 22,4% han sido instruidos en programas relativos a ciencias sociales, enseñanza comercial y derecho.

El 15,5% ha estudiado programas educativos de mecánica, electrónica y otra formación técnica, mientras que el 8,3% se ha dedicado a programas de salud y servicios sociales, como la medicina, la enfermería o la farmacia, entre otros.

La población formada en ciencias, mecánica y electrónica, industria manufacturera y construcción, agricultura y servicios sociales presenta tasas de actividad superiores al 82%, mientras que las personas con programas de formación básica y desarrollo personal tienen tasas de actividad del 52%.

De hecho, este colectivo registra también las tasas de paro más altas (24,7%), mientras que las más bajas se dan en las personas formadas en educación (7,86%) y en salud y servicios sociales (9,97%).

En todos los sectores
Al comparar con el año 2009, las tasas de paro se han incrementado en todos los sectores de formación menos en educación. Por tramos de edad, el grupo de 16 a 24 años registra las tasas de desempleo más elevadas, especialmente en los programas de formación básica y artes y humanidades.

La encuesta indica que la mitad de las personas que dejó de trabajar el año pasado y se apuntó a las listas de paro lo hizo por la finalizó su contrato y no fue renovado, mientras que el despido o la supresión del puesto afectó al 25,7% de los parados. Además, el porcentaje de desempleados que dejó su trabajo hace tres años o más alcanzó el 11,5% en 2010, lo que supuso 2,5 puntos más que el año anterior.

Al analizar la situación del empleo, la mayoría de los españoles (siete de cada diez) ocupa un puesto de trabajo de empleado, mientras que un 9,9% es trabajador independiente, un 6,8% es encargado, un 6,9% director de empresa pequeña, un 5,7% mando intermedio y un 0,8% director de empresa grande o media.

Por sexos, el porcentaje de hombres encargados o directores de pequeña empresa duplica al de las mujeres y en el caso de director de empresa grande o media el porcentaje de varones es casi cuatro veces superior al de mujeres (1,1% frente al 0,3%). De la misma forma, en el puesto de empleado hay mayor porcentaje de mujeres que de varones (77,7% frente a 63,6%).

Según la forma de contratación, el porcentajes de asalariados que fue contratado a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) se mantuvo en el 3% en 2010, mientras que un 2,4% obtuvo su empleo por la intermediación de una oficina de empleo pública, cuatro décimas menos.

Fuente Expansión

-Paula Heras Segovia

 

Cabe distinguir tres tipos de sindicatos y a cada uno de ellos se les otorgan una serie de prerrogativas y requisitos:

1º) Sindicatos más representativos a nivel estatal: los sindicatos que han obtenido el 100% o más de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las administraciones públicas (art. 6.2 a) LOLS).

Los sindicatos mas representativos en el plano estatal tienen reconocimiento por Ley de una serie de competencias que pueden ejercitar dentro del ámbito terriotorial y funcional en el que ellos actúen (art. 6.3 LOLS):

-Derecho a ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista

– Negociación colectiva de eficacia general

– Participación como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas  a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación

-Participación en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo

-Derecho a promover las elecciones a delegados de persona y comités de empresa y a órganos de representación unitaria de las Administraciones Públicas -juntas y delegados de personal.

-Obtención de cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos

-Cualquier otra función representativa que se establezca

2º) Sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: los sindicatos que, sin estar afiliados a federaciones o confederaciones de ámbito estatal, hayan obtenido el 15% de los representantes unitarios en el territorio de esa Comunidad, siempre que hayan obtenido al menos 1.500 representantes (art. 7.1 LOLS).

Los sindicatos más representativos de Comunidad Autónoma tienen capacidad para ejercer las funciones y facultades atribuidas a los que tengan tal condición en el ámbito estatal, si bien aquéllas han de ejercitarse dentro del ámbito autonómico específico de que se trate. Además, se les reconoce capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal que la prevean (art. 7.1 LOLS)

3º) Por su parte, se considerarán sindicatos con representatividad suficiente los que hayan obtenido al menos el 10% de los representantes unitarios de los trabajadores en un determinado ámbito territorial y funcional, alcanzando su radio de acción a ese ámbito (art. 7.2 LOLS).

Los sindicatos suficientemente representativos tienen atribuidas una serie de funciones, si bien únicamente pueden ejercitarlas dentro del ámbito territorial y funcional específico en el que superen la mencionada audiencia electoral.El art. 7.2 LOLS, sin cerrar el cupo, reconoce a estas organizaciones en su ámbito el derecho a la negociación colectiva en los términos del ET y de la normativa específica de la determinación de las condiciones de trabajo en la Administración, a la promoción de elecciones en el ámbito en el que son suficientemente representativas, a participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos, y a otras funciones representativas que se establezcan.

Alba Cortés Gómez

Este video es una campaña de sensibilización realizada por Down España y Obra Social Caja Madrid, sobre la situación de los trabajadores en España con discapacidad intelectual.

-Paula Heras Segovia

SINDICATOS MÁS REPRESENTATIVOS A NIVEL ESTATAL

Requisitos

>Art. 6.2 LOLS

  • Sindicato que dispone de un mínimo del 10% de audiencia electoral en el conjunto de ámbitos geográficos y funcionales del nivel estatal.
  • Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a).

Prerrogativas

>Art. 6.3 LOLS

  • Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista.
  • La negociación colectiva, en los términos previstos en el ET.
  • Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de procedimientos de consulta o negociación.
  • Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo.
  • Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones Públicas.
  • Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente.
  • Cualquier otra función representativa que se establezca.

SINDICATOS MÁS REPRESENTATIVOS A NIVEL AUTONÓMICO

Requisitos

>Art. 7.1 LOLS

  • Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten la obtención de, al menos, el 15% de los delegados de personal y de los representantes unitarios con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.
  • Los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a).

Prerrogativas

>Art. 7.1 LOLS

  • Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito especifico de la Comunidad Autónoma las mismas funciones y facultades que los sindicatos en el ámbito estatal, así como la capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal.

SINDICATOS SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVOS

Requisitos

>Art. 7.2 LOLS

  • Los sindicatos que hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional especifico, el 10% o más de los representantes unitarios de los trabajadores.

Prerrogativas

>Art. 7.2 LOLS

Dentro del ámbito funcional y territorial:

  •  La negociación colectiva, en los términos previstos en el ET.
  • Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de procedimientos de consulta o negociación.
  • Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo.
  • Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones Públicas.
  • Cualquier otra función representativa que se establezca.

-Paula Heras Segovia